El enfrentamiento entre la institución rojinegra y el delantero peruano se remonta al año 2017, cuando el futbolista dio positivo por un metabolito de cocaína tras consumir un té contaminado durante su estadía con el combinado patrio. La defensa de Guerrero siempre sostuvo que la ingesta de la sustancia se produjo por recomendación de la nutricionista de la selección, situación que derivó en una sanción inicial de 14 meses por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Ante el periodo de inactividad del atacante, la directiva del Flamengo interpuso una primera acción legal solicitando una reparación por daños morales contra el jugador y la Federación Peruana de Fútbol, argumentando un perjuicio directo a su imagen institucional. En una segunda demanda, la entidad brasileña exigió el reembolso de los salarios e inversiones correspondientes a los cuatro meses en los que el futbolista no pudo competir debido a la medida disciplinaria.

Sin embargo, las decisiones en el ámbito judicial no favorecieron las posturas planteadas originalmente por el conjunto de Río de Janeiro. A lo largo del proceso, el tribunal desestimó los argumentos del club, imponiéndole en algunas instancias el pago de los honorarios legales a los abogados del atacante por los recursos rechazados.

El dictamen definitivo del caso se concretó mediante una petición elevada por el equipo legal del club ante el Tribunal Regional de Justicia de Río de Janeiro. En dicho escrito, la representación del Flamengo confirmó la decisión de desistir de ambos procesos judiciales contra el actual delantero nacional, dejando sin efecto los reclamos económicos. acumulados.