El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad del país, como parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el control de los establecimientos penitenciarios. La medida alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de doscientos metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.

Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque la administración y custodia interna de los establecimientos continuarán bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).